En mi
escrito anterior, bajo el título “¿Democratizar la justicia?”, hacía una reseña de los Proyectos de Ley que ingresaron por
la Cámara de Diputados.
Siempre
desde un escaso conocimiento en el tema, quedaba pendiente entonces; en mi
simple condición de opinólogo descalificado, pero preocupado por los rumbos que
toman algunas decisiones de nuestros gobernates; comentar los tres proyectos
enviados el mismo día a la Cámara de Senadores.
Seguiré
la cronología de los mensajes y para ser absolutamente original con esta frase:
iré de lo particular a lo general.
El
Proyecto de Ley por el que se pretende modificar el Consejo de la Magistratura
está contenido en el Mensaje375 y aquí nos detendremos un instante.
El Consejo de la Magistratura es un órgano
colegiado con rango constitucional, en virtud de la reforma introducida a la
Carta Magna en 1994.
Entre
otras funciones, este Organo, es el responsable de proponer ternas para el
nombramiento de los Magistrados y también de controlar la administración de
justicia. Debe arbitrar el aseguramiento de la independencia de los Jueces y
ejercer funciones disciplinarias, sin desmedro de formular las acusaciones
correspondientes para suspenderlos o removerlos por medio de los mecanismos
habilitados a tal fin.
Es un
Cuerpo Colegiado que, en virtud a lo establecido por el Artículo 114 de la
Constitución Nacional, estará integrado multisectorialmente por representantes
de los Jueces y de los abogados matriculados en el orden federal, por
académicos y científicos y también por representantes de los organos políticos
electivos. Siempre en el ámbito nacional.
La
composición actual, que se pretende modificar, cuenta con 13 miembros, asegura
la representatividad multisectorial que determina la Constitución Nacional y se
distribuyen de la siguiente manera:
1 representante académico/científico elegido por el
Consejo Interuniversitario Nacional.
1 representante designado por el Poder Ejecutivo
Nacional.
2 representantes elegidos por los abogados con
matrícula federal.
3 Diputados nacionales designados 2 por la mayoría y 1
por la minoría.
3 Senadores nacionales designados 2 por la mayoría y 1
por la minoría.
3 Jueces federales elegidos y designados por sus
pares.
La
propuesta de reforma no solo incrementaría la cantidad de Consejeros, sino que
también modifica la forma de selección.
Con el
pretexto de “democratización” se pretende que la designación de los integrantes
del Consejo se efectúe por medio de elección popular, poniendo en un plano de
igualdad a todos los electores que tendríamos que opinar, mediante el voto,
respecto a las cualidades de Jueces, abogados, académicos y científicos.
Particularmente
no creo tener la capacidad y el conocimiento como para juzgarlos y decidir en
consecuencia.
Por otra
parte, la “representatividad popular” ya está contemplada, pues los Consejeros
designados por los Legisladores representan proporcionalmente a la mayoría y
minoría votada por la ciudadanía.
Asimismo,
el Poder Ejecutivo que también representa la voluntad popular expresada en las
urnas, designa otro miembro en representación de la mayoría obtenida…
No digo
que no se deba modificar nada. Tal vez sea necesario revisar las normas.
Pero cuál
es la necesidad imperiosa que mueve al oficialismo a negar el debate para que
la reforma, si es necesaria, se dé en un ámbito de discusión y consenso, con la
participación de especialistas y sin la presión explícita y autoritaria de “al proyecto no se le modifica ni una coma”.
No es así
como me parece que se expresa la “voluntad popular”.
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