¿Democratizar la justicia?

Hace unos días la Presidente nos dijo por cadena nacional que enviaba al Congreso un paquete de leyes para “democratizar la justicia”.

Sin ánimo de pretender un análisis profundo de éstos proyectos, cosa que correspondería a profesionales y académicos en la materia, quiero expresar mi simple opinión de “hombre común”.

Transeúnte de la vida en definitiva, sin más pergaminos que mi curiosidad y la eterna inquietud de informarme y tratar de elaborar mis propias conclusiones, despojadas del atosigante bombardeo mediático que a veces nos envuelve en una cultura de titulares, y terminamos hablando, como se dice vulgarmente, por boca de ganso.

Vamos por partes: El Ejecutivo Nacional envió al Parlamento seis mensajes conteniendo sendos proyectos de Ley

Mensaje372 Régimen de ingresos al sistema judicial.

Mensaje373 Declaración patrimonial de los funcionarios públicos.

Mensaje374 Difusión digital de los actos judiciales.

Mensaje375 Consejo de la Magistratura.

Mensaje376 Cámaras de Casación.

Mensaje377 Cautelares.

Los tres primeros fueron remitidos a la Cámara de Diputados y en líneas generales no merecen muchas consideraciones, al menos de mi parte, y aparentemente no presentan muchas controversias.

El proyecto que impulsa el método de concurso público para el ingreso a los distintos estamentos de la Justicia Nacional, (Mensaje372) en principio no aporta mayores novedades y no está mal que los aspirantes a integrar el sistema judicial presenten sus antecedentes y demuestren su capacidad mediante concurso.

Es, desde mi punto de vista, una norma mucho mejor que el actual sistema de “palancas” y “acomodos”. Pero bueno, estamos en Argentina… Y todos sabemos que los concursos también se pueden “hacer a medida”.

Igual no estaría nada mal que ésta propuesta se hiciera extensiva a todos los cargos públicos.

En cuanto a la obligatoriedad de declaración patrimonial de los funcionarios públicos, (Mensaje373) ya existía normativa al respecto, entre ellas la Ley 25.188, reglamentada en el año 2000, que establecía la creación de la Comisión de Etica Pública como organismo de contralor.

En los 13 años que lleva vigente este marco jurídico, la Comisión nunca se creó.

Ante este hecho fáctico, nada me asegura que se le dé cumplimiento a esta nueva ley, pero esa es una opinión personal cargada de las subjetividades del caso…

Por su parte el Mensaje374 propone la sanción de una ley que regula la difusión digital de las actuaciones judiciales. Algo que ya estaba establecido, sólo que la difusión se realizaba en boletines de papel y parece lógico que se adopten las nuevas tecnologías disponibles.

Si no fuese por el “apuro” que le imprimieron a la sanción de estas leyes, ninguno de nosotros estaríamos hablando de esto.

Los otros tres proyectos, que fueron ingresados por la Cámara de Senadores, son en realidad los que armaron todo el alboroto.

Y no es para menos.

Merecen una mirada un poco más pormenorizada y, en consecuencia, para que no se haga tediosa la lectura, lo desarrollaré en el próximo artículo.