En este 24 de Marzo de 2012, a 36
años de aquel golpe de estado que diera lugar a la más cruenta dictadura de la
historia argentina, se hace necesario repasar el camino transitado en los
últimos 28 años y algo más en democracia.
“Todo está guardado en la memoria” dice la canción popular.
Pero, como si esa memoria fuese en
enorme “pen-drive”, para
algunos parece tener “carpetas ocultas”.
Digo que se hace necesario repasar
este tramo de la historia reciente porque, parece, se ha instalado una
metodología de relato que cuenta esa historia con severas omisiones.
De este modo, y conmemorando aquel
día, se ha dado en llamar al 24 de marzo “día
de la memoria”.
Y de eso se trata precisamente.
Mantengamos en la memoria lo sucedido durante esos oscuros
años de violencia y atropello. Para que no vuelva a suceder NUNCA MAS.
Pero si de memoria hablamos,
debemos recordar también que la lucha por la defensa de los derechos humanos no
comenzó en 2003.
Debemos recordar que esa lucha se
inició mucho antes, incluso antes de 1983.
Y, para aquellos que quizá son
tomados desprevenidos por ese relato a que hacía referencia, cabe recordar,
celebrando la memoria, que esa lucha inclaudicable por la defensa de los
derechos humanos comenzó a transitar su camino allá por 1975, pocos meses antes
del golpe militar de 1976.
Así nació la APDH (Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos), Fundada por el Obispo de Neuquén Jaime de
Nevares, Rosa Pantaleón, Eduardo Pimentel, Ariel Gómez, José Miguez Bonino,
Guillermo Frugoni Rey, Roque Aragón, Jaime Scmirgeld, Alicia Moreau de Justo,
el Obispo Carlos Gattinoni de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina,
Alfredo Bravo y Susana Pérez Gallart. Integrándose luego el Rabino Marshall
Meyer, Adolfo Pérez Esquivel, Oscar Alende y Raúl Alfonsín, entre otros.
Según indica el sitio oficial de
la APDH, la organización es fruto de una "autoconvocatoria
de personas provenientes de los más diversos sectores sociales, políticos,
intelectuales, sindicales y religiosos argentinos, en respuesta a la creciente
situación de violencia y de quiebra de la vigencia de los más elementales
derechos humanos que se escalaba en el país"
Y así, mientras muchos se hacían
los distraídos, cuando no cómplices, la APDH daba batalla ante los
avasallamientos a que era sometida la sociedad por parte de Montoneros/FAR/FAP
de un lado y la Triple A y los grupos paramilitares del otro.
Y ya durante la dictadura, cuando
se proclamaba que “los argentinos somos
derechos y humanos” y se intentaba adormecer a la sociedad con el
mundial ’78, la APDH recorría el mundo reclamando por los desaparecidos, las
libertades vulneradas, poniendo al descubierto los centros clandestinos de
detención y el accionar de las FFAA.
Ya en la apertura política, con el
levantamiento de la veda electoral impuesta por el proceso, Raúl Alfonsín nos
convocaba a participar de la recuperación democrática y en sus discursos de
campaña nos advertía: “pero no es sobre
la base de una claudicación ética que vamos a reconstruir la democracia”
refiriéndose a la Ley de autoanmistía que propiciaban los militares.
“Juicio y castigo” decía. “Vamos a juzgar a los responsables del genocidio en
la argentina..” prometía.
Y agregaba: “debemos determinar los grados de responsabilidad
entre quienes dieron las órdenes, quienes las ejecutaron y quienes se
excedieron en el cumplimiento de esas órdenes…”
Por eso reitero. Celebremos la
memoria. Pero no escondamos parte de la historia guardada en la memoria.
Inmediatamente después de asumir
su cargo, Raúl Alfonsín ordenaba el enjuiciamiento a las juntas militares y a
las cúpulas de ERP y montoneros. Se creó la Conadep, que tuvo a su cargo reunir
las pruebas y testimonios para el juzgamiento a las juntas y se remitía al
Congreso un conjunto de proyectos de ley para darle marco legal a estas
iniciativas y desactivar la ley de autoanmistía de Bignone.
Todo esto cuando las FFAA y los
grupos económicos que le daban sustento todavía tenían un inmenso poder y los
formadores de opinión de entonces presionaban a la incipiente democracia en
defensa de los militares.
Se conoció y se difundieron las
atrocidades cometidas por el proceso.
El informe de la Conadep ( de
50.000 páginas) fue puesto a disposición de la Cámara Federal y sirvió de base
para la acusación formulada por los fiscales Julio César Strassera y Luis
Moreno Ocampo en casi 9.000 casos de violación a los derechos humanos cometidos
durante el proceso militar.
Y la Cámara Federal condenó a los
militares. En un juicio ejemplar, único en el mundo. En democracia y con todas
las garantías constitucionales.
Haciendo honor a la memoria,
también ha de decirse que fue Raúl Alfonsín quien luego impulsara las llamadas
leyes de Punto final y Obediencia debida.
Se puede estar o no de acuerdo con
esta desición política, con este hecho histórico. Pero lo que no se puede negar
es que la desición fue tomada como corresponde en democracia.
Se remitió el proyecto de ley al
Parlamento, para que fuesen los representantes del pueblo los que tomaran en
definitiva la desición final.
Cabe recordar que ya en aquel
momento (1986) el radicalismo no tenía mayoría parlamentaria.
El proyecto fue remitido al
Senado, donde el gobierno no tenía mayoría
El 22 de diciembre de 1986 se votó
en el Senado donde había 18 radicales, 21 justicialistas y 6 provinciales. Hubo
25 votos a favor del Punto final y 10 en contra (entre los que ser contaban
algunos provinciales).
El bloque justicialista colaboró
en la formación del quórum, permitiendo el tratamiento de la ley, y la sanción
fue acompañada por el grupo que lideraba Vicente Saadi.
Al día siguiente la ley se aprobó
en el la Cámara de Diputados y el justicialismo también acompañó, de diversas
formas, la sanción de la ley.
El bloque de los renovadores, que
piloteaba José Luis Manzano, colaboró no formando parte de la sesión para que
la UCR pudiera obtener los dos tercios imprescindibles al efecto de tratar
sobre tablas el proyecto
También contribuyó el grupo que
dirigía Herminio Iglesias, quien acompañó la estrategia radical del mismo modo
que diputados liderados por el sindicalista Diego Ibañez.
No todos los radicales se
alinearon con su bloque, dirigido por César Jarovlasky.
Dice la crónica, que el presidente
Alfonsín, había convencido al diputado Federico Storani, quien votó
favorablemente, pero no así su hermano Conrado Storani (h), quien junto con los
diputados Roberto Sanmartino, Ramón Dusol y Hugo Puicill rehusaron su
asentimiento.
Entonces, y aquí viene la parte del relato que
deja algunas páginas ocultas, es bueno recordar que EL JUSTICIALISMO TAMBIEN
VOTO EL PUNTO FINAL Y LA OBEDIENCIA DEBIDA.
Y como si esto fuera poco,
parafraseando a algun vendedor ambulante en el colectivo, fue Carlos Saul Menem el que indultó en
1990 a los que habían sido condenados en el gobierno de Alfonsín.
Y para finalizar, en el día de la
memoria, también es bueno hacer memoria y recordar que la derogación de los
indultos y de las leyes de punto final y obediencia debida fue propiciada por
la Diputada Nacional del MST Patricia Walsh y acompañada por los legisladores
alineados con Elisa Carrió.
Tanto Néstor Kirschner como
Cristina Fernández se suben al caballo y enarbolan las banderas de los derechos
humanos, pero no es esta una bandera que le pertenece al justicialismo
exclusivamente.
Hay que tener un poco de memoria.
Hay que ajustarse a los hechos
para poder construir un relato coherente a la memoria que debemos celebrar.
No solamente el 24 de marzo. Cada
día en nuestras vidas, cada uno de nosotros.
Y construir la memoria con toda la
verdad…
HHG – 24/03/2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario