Retomando
las consideraciones que efectuaba respecto a la modificación al Consejo de la
Magistratura que intenta el oficialismo, el texto del proyecto abarca no
solamente la ampliación en la cantidad de miembros y la forma de selección de
los mismos, sino que también, entre otras cuestiones menores que no estoy en
condiciones de analizar, propone modificar el sistema de mayorías para las
votaciones de este cuerpo colegiado.
Con su
actual conformación de 13 miembros, la norma vigente establece que las
decisiones se tomaran por la voluntad de 2 tercios de sus miembros. Esto es al
menos 8 Consejeros, ya que el Presidente del cuerpo vota solamente en caso de
empate.
Y en este
sentido el criterio legislativo tiene basamento en un principio que pone por
encima de las voluntades individuales a la voluntad colectiva, surgida del
debate y la discusión argumentativa, en busca de consensos fundados y ya no en
la simple aplicación de mayoría de los distintos sectores representados en el
Consejo.
El
Proyecto presentado aumenta la cantidad de Consejeros a 19 y establece que las
decisiones se tomarán por simple mayoría.
Simplemente
no creo que ello favorezca el debate.
El
Proyecto enviado al Senado por el Mensaje 376 propone modificar el régimen
regulatorio de los recursos de casación y la creación de tres nuevas Cámaras.
Esto, que
a primera vista para el ojo no entrenado del ciudadano común podría suponer
“más justicia”, parece ir a contramano de la queja generalizada en cuanto a la
lentitud de la administración de justicia.
Porque, en
resumidas cuentas, se agrega una instancia más en el tortuoso camino de las
“chicanas” jurídicas que no hará más que sumar kilómetros al recorrido que
deberán efectuar los expedientes judiciales. Se agregan así 7 nuevos magistrados
para cada fuero, para cada una de las 3 cámaras a crearse, que a su vez se
dividirán en 2 salas cada una. A lo que hay que sumarle 3 Secretarios
Generales, 6 secretarios de Cámara, 12 Prosecretarios y todo el personal
administrativo y de auxiliares correspondiente.
Y me
estaba olvidando de los 3 Fiscales Generales que actuarán en cada una de las
Cámaras.
El mismo
Proyecto establece también distintas cuestiones administrativas y de
procedimiento, sobre las cuales no estoy en condiciones de opinar.
Algo
llamativo resulta ser la propuesta de disminuir la cantidad de Jueces de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, “escondida” disimuladamente en el
Artículo 21 del Proyecto presentado por el Ejecutivo, llevando su composición a
5 (cinco) integrantes.
Reitero,
resulta llamativo…
Y el
último, el Mensaje 377, avanza en la regulación de las medidas cautelares,
anulando la posibilidad de presentar estos recursos contra el Estado Nacional.
Creo que
no merece mayores comentarios.
Este
proyecto pretende dejar en una indefensión total y absoluta a todos los
ciudadanos que intenten defenderse ante los actos de gobierno que atenten
contra los derechos individuales consagrados en la Constitución o ante las
posibles arbitrariedades que el estado cometa contra los particulares con el
pretexto de la defensa del bien colectivo.
Pero en
el Artículo 16 del Proyecto se establece que el estado sí podrá solicitar
medidas cautelares. Es decir, doble atropello.
No
pretendía que esto se hiciese tan extenso, pero releyendo lo escrito caigo en
la cuenta que se podría seguir escribiendo muchísimo más.
Simplemente
quería poner una mirada desde la óptica del “hombre común”. Ese que no sabe de
leyes seguramente, pero que tiene bien claro y percibe perfectamente cuando las
cosas no son como deben ser.
La
extrema celeridad que se le ha impreso al tratamiento de este “paquete” de
leyes. La no posibilidad de extender el debate. El hecho evidente por parte del
oficialismo de no “abrir el juego” convocando a las instituciones relacionadas
con la temática, léase colegios de abogados, académicos, juristas… Que los hay
y muchos, con cualidades y condiciones reconocidas internacionalmente.
No se ha
convocado a dar el debate que enriquezca y jerarquice las reformas propuestas.
El debate
necesario para estas cuestiones de fondo en materia legislativa está ausente y
hasta los “hombres comunes” nos damos cuenta que es imprescindible que estas
reformas logren el consenso que las legitime ante la ciudadanía.
Si
prosperan estos proyectos, y todo hace suponer que así será, tendremos una
prueba más de prepotencia antidemocrática a la que nos somete cada día este
gobierno sectario, que desconoce e ignora peyorativamente a media nación.
¿No le
parece? Diría Don Américo Barrios…
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